Cruce de Talismn, ro Suchiate.
Migrante an sin identificar

Autor: Elizabeth Palacios
Foto: Eniac Martnez

La Declaracin Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella, sin distincin de ningn tipo, en particular de raza, color u origen nacional. Nada ms alejado de lo que encontr un migrante centroamericano que, al pasar por Mxico, perdi la vida en una de las masacres ms terribles que haya registrado la historia reciente de Mxico. Fue uno de los setenta y dos migrantes cuya ausencia hoy lloramos.

Este hombre, uno de los treinta cuyo nombre an no conocemos, presuntamente muri a manos de grupos de la delincuencia organizada que usan la extorsin, el robo y el secuestro de migrantes para engrosar sus ejrcitos de la muerte.Es eso responsabilidad del Estado mexicano? S, contundente y definitivamente s lo es.

Los derechos que son relevantes para los migrantes surgen a partir del derecho internacional sobre derechos humanos, del derecho sobre trabajadores migrantes, y del derecho humanitario. Pero todas las personas migrantes son seres humanos que poseen derechos humanos y libertades fundamentales e inalienables que son universalmente reconocidas en instrumentos internacionales como la Declaracin Universal sobre Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, de la cual por supuesto Mxico es signatario.

Mientras que algunos derechos humanos y libertades no son absolutos y pueden, en ciertas circunstancias limitadas, ser derogados, los derechos humanos fundamentales y las libertades nunca pueden ser suspendidos, por ejemplo, el derecho a la vida, y la libertad de la tortura. La masacre de San Fernando, en Tamaulipas ha demostrado que en Mxico esta garanta no existe.

Hasta antes de hacerse pblica la matanza de San Fernando, para las autoridades y la mayora de los medios de comunicacin, los inmigrantes eran personas ilegales. La utilizacin de este trmino conduce a decir que los seres humanos en s mismos son ilegales. Este calificativo demuestra una tendencia a la criminalizacin de la migracin, haciendo pasar al migrante que entra en un territorio nacional sin sus papeles en regla, por un delincuente.

En Mxico son numerosas las detenciones de migrantes por miembros de cuerpos sin facultad legal de hacerlas. El objetivo principal de estas detenciones es la extorsin, acompaada muchas veces por violencia, amenazas, agresiones sexuales y en los ltimos aos se han incrementado las historias de secuestro y muerte. Todo esto ocurre a lo largo del trayecto que recorren las y los migrantes centroamericanos por Mxico, y todo pasa en medio de una situacin de total impunidad y, muchas veces, complicidad de agentes del Estado mexicano. En 2008 la Federacin Internacional de Derechos Humanos y el Centro Nicaragense de Derechos Humanos visitaron juzgados y centros de defensa de los derechos humanos en nuestro pas, y no encontraron un solo caso de condena judicial por los abusos contra las personas migrantes.

La matanza de San Fernando no ha sido ms que la punta del iceberg. Las violaciones y abusos contra de los derechos de las personas migrantes en Mxico han sido una realidad quiz incluso peor que la que las personas migrantes mexicanas viven en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Arriaga, Chiapas cuando tratan de montarse en el tren que los lleva hacia la frontera con Estados Unidos, la empresa de ferrocarril contrata garroteros, es decir personal de seguridad que colabora con las fuerzas policiales para interceptar, golpear y detener a las personas indocumentadas. En el famoso operativo llamado Relmpago han fallecido muchas personas migrantes. Nadie ha sido castigado por estos crmenes. La terrible masacre de San Fernando dej al desnudo la incoherencia del gobierno mexicano, que exige a los Estados Unidos un trato humanitario para su gente y al mismo tiempo violenta sistemticamente los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.

Y en algo que podra considerarse el colmo de todas las violaciones a los derechos humanos nos encontramos las irregularidades y deficiencias que hacen que hoy, este texto, est dedicado a un migrante desconocido. l no era un desconocido, tena una historia, un rostro, una familia, una vida. El Estado mexicano adems de no haberle garantizado su derecho a la seguridad, a no ser vctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tampoco ha sido capaz de garantizar su derecho a la identidad, nombre y nacionalidad. Cuando alguien muere la ley obliga a las autoridades a comunicar al consulado para la entrega del cuerpo, pero muchas veces las autoridades se deshacen de los documentos para evitarse los trmites burocrticos y los fallecidos son clasificados como NN (no identificados). Todos estos cuerpos son enterrados en fosas comunes. En el cementerio de Tapachula, Chiapas, por ejemplo, esta fosa comn est debajo de un basurero. No informar a los familiares sobre donde est enterrada una persona, constituye una violacin del artculo 7 del Pacto de los Derechos Civiles y Polticos y puede ser clasificado como tortura. Cuntos casos as habr en Mxico?

Pareciera que las autoridades mexicanas hubiesen sido sorprendidas por la matanza de San Fernando, pero no fue as. En el marco de una audiencia pblica del 138 periodo de sesiones de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuada el da 22 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de Amrica, organizaciones de la sociedad civil denunciaron el secuestro sistemtico y generalizado a personas migrantes en Mxico, cometido por el crimen organizado con la complicidad de autoridades como producto de una poltica migratoria restrictiva y con escasa perspectiva de derechos humanos.

Al recibir la informacin, Felipe Gonzlez, Presidente de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos y Relator para los Trabajadores Migrantes y sus Familias, seal que la cifra presentada por la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, de 9,758 personas migrantes secuestradas en un lapso de seis meses era escalofriante y, s, realmente lo es.

As, la CIDH seal que el Estado mexicano deba redoblar esfuerzos para prevenir que esta situacin se continuara reproduciendo. Nada hicieron, pasaron los meses y as lleg el 23 de agosto de 2010, un da que sacudi al mundo cuando salieron a la luz los horrores que ha permitido un Estado que se jacta de ser promotor y protector de los derechos humanos.

Tres semanas despus de que el mundo conociera la tragedia de San Fernando, el Congreso de la Unin aprob una reforma legal por la que se permitir a los migrantes indocumentados presentar quejas por violaciones a sus derechos humanos en Mxico y les da garantas para recibir atencin mdica sin que sea revelada su situacin migratoria. Nada ms vergonzoso. Por qu no haban hecho este trabajo antes? Era simplemente una modificacin a la Ley General de Poblacin, una reforma que quiz en algo habra ayudado para evitar la masacre.

La reforma establece que "no se podr negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situacin migratoria, la atencin de quejas en materia de derechos humanos y la procuracin de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables". Pero es que acaso no eran suficientes los tratados internacionales firmados por Mxico? Antes de la modificacin, la ley slo sealaba que los extranjeros podan realizar trmites siempre y cuando comprobaran su estancia legal en el pas. Eso era ya una violacin al derecho internacional de los derechos humanos. Una entre muchas violaciones que Mxico comete da con da.